INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY
JUDGES AND MAGISTRATES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE
LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA
JUVENTUD Y DE LA FAMILIA
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CHRONICLE
CHRONIQUE
CRÓNICA
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Comité
de Redacción: Dr. Willie McCarney (Irlanda), Redactor en Jefe; Juez Oscar
D'Amours (Canadá); Juez Jacob van der Goes
(Holanda); Juez Gabriela Ureta (Chile);
Atilio Álvarez (Argentina); Dra. Mónica Vázquez Larsson (Argentina);
Prof.
Jean Trépanier (Canadá). Secretaría: Juez Corinne Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV,
Den Haag, Holanda
EDITORIAL
LAS
PENAS DE ENCARCELAMIENTO NO LOGRAN ALEJAR A LA MAYORÍA DE DELINCUENTES DE LA
CRIMINALIDAD
“El mejor método de prevención del crimen
consiste en crear posibilidades para niños y adolescentes de ejercer sus
derechos”.
XI Congreso de las
Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y la Justicia Penal,
Bangkok, 2005
La tasa de reincidencia entre jóvenes detenidos en el Reino Unido es tan elevada
que se debería tomar en consideración alternativas a la detención en todos los
casos, según un informe publicado en mayo pasado por la Liga Howard para la
Reforma Penal. El estudio acusa al gobierno de hacer caso omiso de las
necesidades de rehabilitación de los jóvenes delincuentes.
Este informe destaca que casi el 70% de los jóvenes delincuentes puestos en
libertad se encuentra de nuevo condenado dentro de los dos años siguientes,
Reciben poca ayuda en prisión, o al momento de salir en libertad, para
ayudarles a reconstruir sus vidas.
El informe afirma que la carencia actual de apoyo significa que el
encarcelamiento de jóvenes pone a la población en peligro, ya que aumenta la
probabilidad de nuevas infracciones.
“La práctica de encarcelar a hombres jóvenes en esta fase
crítica de sus vidas puede tener un impacto extremadamente dañino sobre su
desarrollo y sus posibilidades futuras en la vida. Alternativas diferentes a la
detención deben buscarse en todos los casos posibles”.
El informe continúa: “El sistema de justicia penal
debería en cambio trabajar para resolver conflictos y reparar el perjuicio.
Todos deben reconocer que el encarcelamiento, incluso para un período breve,
desbarata la vida y el daño es frecuentemente irreparable”.
Es improbable que este informe corresponda al modo de
pensar del gobierno. El Primer Ministro se pregunta si los derechos humanos,
las leyes atinentes a la presentación de pruebas, y las libertades civiles no
han creado un desequilibrio en contra de los derechos de las víctimas.
El Fiscal General del Estado, Lord Goldsmith, ha
intervenido en 339 casos en un período de tres años para aumentar “penas
inapropiadamente ligeras” aplicadas en contra de criminales juzgados culpables.
Los casos cuestionados implicaban decisiones de más de 200 jueces, una décima
parte de los jueces de rango alto. Su apelación fue aceptada en 230 casos.
El número total de reclusos (entre adultos y menores) en
el Reino Unido ha aumentado vertiginosamente, pasando de 44.000 en 1991 a la
cifra record de 77.800 en noviembre de 2005. Las estadísticas más recientes del
Ministerio del Interior demuestran que la población carcelaria se ve forzada a
vivir en cárceles previstas para 70.500 solamente. Se calcula que dentro de cinco
años, la población carcelaria podría sobrepasar los 90.000 detenidos. El Comité
de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes (PAC) dice que esta población
carcelaria sin precedentes, llevará a suicidios más frecuentes y creará un
ambiente propicio para disturbios entre los detenidos.
El Sondeo Británico sobre la Criminalidad (BCS) demuestra
que la criminalidad en el Reino Unido está bajando a largo plazo, con una
reducción de 43% desde 1995. La misma tendencia es evidente en toda Europa. El
sondeo no incluye menores de 16 años. Notamos que la criminalidad está bajando
aquí también. ¿Entonces por qué las prisiones británicas están llenas a
rebosar?
Existe un sólo motivo predominante: para una gama más
amplia de infracciones, se imponen
sentencias para periodos más largos. Un deseo insaciable de castigar ha
conducido a un aumento de 53% de penas privativas de la libertad, en la misma
década que ha visto una baja de la criminalidad.
Actualmente son los crímenes cometidos con cuchillos los que siembran el pánico. En 1995, se contaron 243
asesinatos con instrumentos corto punzantes; en el 2005 el número de tales
asesinatos fue 236. Durante la década pasada el número semanal promedio de asesinatos
con cuchillos fue cuatro y medio. Esta cifra ha bajado a cuatro. No obstante,
los medios de comunicación afirman que las cuchilladas están “fuera de control”
y el Ministro del Interior tiene la intención de introducir una pena
obligatoria de cinco años para cualquier persona sorprendida armada con un
cuchillo.
Se estima que cerca de 3,6 millones de personas en el
Reino Unido, en su mayoría jóvenes, consumen cannabis al menos una vez en un
año. 45.000 personas fueron sorprendidas en posesión de cannabis en el 2004 y
2200 fueron acusadas de tráfico (estaban en posesión de una cantidad suficiente
para fabricar 30 o más cigarrillos). El Ministerio del Interior ha anunciado
planes que prevén una pena de 14 años para cualquier persona sorprendida con
una cantidad suficiente para fabricar 10 cigarrillos.
Desde noviembre pasado, el Gobierno tiene la intención de
introducir una pena de “detención plus”, que permitirá a la magistratura
ofrecer a delincuentes menores, una “muestra” de la vida en prisión antes de
cumplir una sentencia en la comunidad. Los magistrados no tendrán autoridad
para exigir que los delincuentes participen en programas de tratamiento contra
el alcoholismo o la drogadicción.
Hay que culpar a los medios de comunicación británicos
por su presentación constante de una sociedad en deterioro perpetuo donde “nada
funciona”. El Gobierno, haciendo caso omiso de sus propias investigaciones,
responde a la presión mediática y opta por imponer penas de encarcelamiento más
largas a cada vez más delincuentes.
¿Cuál ha sido el impacto sobre la criminalidad? La
Comisión para la Reforma Penitenciaria señala estadísticas oficiales que
demuestran como el abarrotamiento aumenta
la tasa de reincidencia. En 1995, 56% de los reclusos puestos en libertad
cometieron nuevas infracciones dentro de los dos años - ahora el porcentaje es
del 67%. En contraste, se estima en 53% la tasa de reincidencia entre los
delincuentes que cumplen sentencias en la comunidad.
Los directores de prisiones dicen que las raíces del
problema se encuentran en el abarrotamiento que significa que los reclusos sean
trasladados cada vez más lejos de sus domicilios. Pierden el contacto con sus
familias, y naturalmente pierden sus empleos. Su tratamiento, educación y
formación se desbaratan. La mayoría de las prisiones actualmente no realizan
sus objetivos respecto a “actividades productivas”.
El Primer Ministro sostiene que los derechos de las
víctimas deberían ser prioritarios, más que los derechos de los acusados. El
derecho de las víctimas que tiene más importancia es la reducción del riesgo de
volver a ser víctima de un crimen. ¿Qué funciona realmente? Investigaciones no
publicadas del Ministerio del Interior que evalúan la rentabilidad de varios
métodos para reducir la criminalidad han generado resultados asombrosos.
Estimando los crímenes evitados por cada desembolso de
£1000, descubrieron que los tratamientos antidroga actuales evitan sólo 1,3
crímenes. Posiblemente el problema en este campo es que existen muy pocos
centros residenciales para tratamientos antidroga y la mayoría de los adictos
necesita una ayuda intensiva.
El envío de agentes de policía a barrios con alta
criminalidad evita 1,9 crímenes. Programas en prisión para la reducción de la
reincidencia evitan 2,3 crímenes. Pero programas para educar a los padres
evitan 11 crímenes. Y las Comisiones para la Inclusión y el Sostén de la
Juventud (véase más abajo) evitan 15 crímenes por £1000 gastados.
Los ministros del gobierno, los ojos centrados en los
medios de comunicación, hacen caso omiso de sus propios éxitos y rechazan los
consejos de sus propios expertos. El número de reclusos sigue aumentando, pero
eso tiene poco impacto sobre la criminalidad. Las investigaciones del
Ministerio del Interior demuestran que cada aumento de 15% del número de
personas encarceladas reduce la criminalidad en solo 1%.
Cuesta £37.000 tener a un recluso detenido durante un
año. La Comisión de Auditoria, en enero de 2004, criticó ese despilfarro, con
un cálculo riguroso de la suma mal gastada hasta el momento del encarcelamiento
de un adolescente. La Comisión, organismo oficial que audita al gobierno a
nivel municipal, estimó el costo de la ayuda que una familia en dificultad
podría recibir (pero que rara vez recibe realmente). Esta ayuda podría incluir
un programa Sure Start (“comienzo seguro”), apoyo a los padres, ayuda
lingüística, psicología pedagógica, control de temperamento, y un asistente pedagógico.
El importe que podría ser desembolsado para estas intervenciones tempranas fue
estimado a £42.000. Los cálculos demostraron que eso permite ahorrar cerca de
£113.000 por cada encarcelamiento evitado gracias a las intervenciones.
El Ministerio del Interior insiste en que ha previsto
alternativas viables a la detención. Por ejemplo, sanciones rigurosas que en
ambiente abierto pueden incluir una gama de condiciones, como trabajo no
remunerado, tratamiento antidroga y toques de queda. Un portavoz dijo que
sanciones constructivas dentro de la comunidad pueden desempeñar un papel
importante en la reducción de la reincidencia entre autores de crímenes menos
graves, pero hay que continuar utilizando el encarcelamiento para proteger a la
población de los delincuentes violentos, peligrosos o gravemente persistentes.
Lord Phillips, Primer Presidente de la Corte de Apelación en Inglaterra y
Gales, está de acuerdo sobre la necesidad de conservar la prisión como sanción
para delincuentes peligrosos. Esta igualmente convencido de que el lugar
oportuno para la rehabilitación es la comunidad. Afirma que “el abarrotamiento
en las prisiones se revela absolutamente funesto para la lucha contra el
maltrato de los detenidos”.
Un juez del Tribunal Supremo, Sr. Justice Baker, QC, fue
objeto de muchas críticas recientemente por haber pronunciado sentencias
demasiado ligeras. En una entrevista con el periódico The Guardian, dijo: “La prisión empeora a muchos criminales, sobre
todo jóvenes, y es altamente indeseable. La prisión no ha sido pensada para
promover la rehabilitación”.
Lord Woolf, ex Primer Presidente de la Corte de Apelación que se jubiló en
septiembre pasado, dice: “Necesitamos una mejor comprensión y reconocimiento de
que los principios que determinan las sanciones para aplicar no se basen sólo
en castigar a los victimarios”.
En su artículo publicado en el periódico The Guardian, (17.08.05), preconizó un cambio fundamental en la
utilización del encarcelamiento, limitándolo a los delincuentes más peligrosos
y a los crímenes más graves, como reconocimiento del carácter particular de ciertas
infracciones y como último recurso cuando todos los otros esfuerzos han
fracasado. Destacó la necesidad de encontrar métodos más eficaces de reducir la
criminalidad.
“Estoy firmemente convencido de que, frente a crímenes
graves y violentos, no hay alternativas a una pena privativa de libertad, creo
también con pasión en la necesidad de tomar medidas para desviar a la gente de
la criminalidad. No deseamos un sistema que excluye a individuos de la
sociedad, una vez que salen por las rejas de la prisión”.
Lord Woolf apoya las iniciativas hacia la justicia
reparadora, la cual prevé que los delincuentes deben compensar a sus víctimas;
sugiere una utilización más frecuente del método usado con jóvenes delincuentes
por el Consejo de la Justicia de Menores, que reúne a agencias diferentes en un
ataque concentrado contra las raíces de la criminalidad: “Veo un gran valor en
examinar las necesidades específicas y los problemas de grupos particulares”.
El Presidente del Comité de Cuentas Públicas, Edward
Leigh, afirma que es hora de que el nuevo Ministro del Interior, John Reid,
reflexione seriamente sobre las alternativas prácticas a la prisión, incluida
la vigilancia con etiquetas electrónicas, para tres grupos específicos de
detenidos:
Los 3900
individuos en detención preventiva que están actualmente en prisión, pero que,
al momento del juicio de culpabilidad, no recibirán una pena privativa de
libertad - se trata de cerca de un tercio de todos los detenidos en prisión
preventiva.
Las 5,000 personas con graves enfermedades mentales detenidas
en prisión - Varios diputados dicen que el abarrotamiento limita la capacidad
de las prisiones para asegurar su tratamiento; solo 700 son trasladados a un
hospital.
El número en aumento rápido de niños detenidos en instalaciones
del Servicio de Prisiones.
La tasa de
detención de menores en el Reino Unido es una de las más elevadas de Europa
Occidental. El número de adolescentes de 15 a 17 años mantenidos (en prisiones)
el 30 de junio de 1995 era de 1675 - el 30 de junio de 1997 había aumentado a
2479. El 31 de diciembre del 2004, la cifra correspondiente era de 2169. Una
tendencia equivalente se observa en el caso de jóvenes delincuentes adultos (de
18 a 20 años de edad); el 30 de junio de 1995 5872 se encontraban detenidos,
una cifra que había aumentado a 7864 el 30 de junio de 1997 y a 8073 el último
día del año pasado.
Una amplia gama de alternativas ya existe. La
promulgación de la Ley sobre la Criminalidad y el Desorden, y el
establecimiento de la Comisión de la Justicia de Menores en Inglaterra y Gales
en 1998, destacaron la importancia de enfrentar integralmente todos los
aspectos de la conducta antisocial y delictiva de los menores. La creación de
equipos especializados en delincuencia juvenil, compuestos de representantes de
la Policía, el Servicio de Probación y una gran gama de servicios sociales,
permitió una orientación más eficaz de las intervenciones sobre jóvenes
delincuentes. Algunas reformas sociales han introducido numerosos programas
destinados a atender las necesidades diferentes de niños desfavorecidos de varias
edades, por ejemplo, “Sure Start”, “Conexiones”, el “Fondo para la Niñez”,
“Programas para la Inclusión de la Juventud”, y “Acción Positiva para la
Juventud”. También se ha dado prioridad a la reducción del número de menores y
jóvenes delincuentes detenidos. Una serie de sanciones alternativas en la
comunidad ha sido introducida, incluyendo medidas de supervisión, rehabilitación
en la comunidad y sanciones en la comunidad.
Desgraciadamente,
según Gil-Robles: “Estas iniciativas bienvenidas han sido en gran parte minadas
por la introducción de una serie de medidas civiles destinadas a reducir
molestias al público en el ambiente urbano, pero cuyo efecto principal ha sido
que numerosas categorías de personas, sobre todo la juventud, han entrado en el
ámbito del sistema de justicia penal, y a menudo acaban por encontrarse entre
las rejas sin necesariamente haber cometido una infracción penal reconocible”.
Los medios de comunicación han convencido a la mayoría
del público que la criminalidad juvenil está aumentando y que hay que actuar
para combatirla. La realidad es que la criminalidad juvenil está disminuyendo.
El número de menores de 10 a 17 años de edad juzgados culpables o que
recibieron una advertencia bajó de 143.600 a 105.700 entre 1992 y 2002, una
reducción de casi 26%. Las consecuencias de la introducción de medidas ASBO
(medidas ordenadas por los tribunales para poner freno a la conducta antisocial
de un individuo) han producido un aumento considerable del número de menores
detenidos mientras que la cifra hubiera debido bajar.
En 2001, la Unidad de Exclusión Social del Gobierno (SEU)
seleccionó a cinco funcionarios para trabajar en jornada completa durante cinco
meses, analizando minuciosamente las estadísticas, visitando prisiones,
entrevistando a expertos y funcionarios en varios departamentos
gubernamentales, para buscar una respuesta sobre la mejor manera de reducir la
reincidencia entre ex reclusos. Publicaron su informe en julio del 2002. La
Unidad de Exclusión Social descubrió que los prisioneros puestos en libertad
salían masivamente de las cárceles sin haberse reformado, y cometían cerca de
un millón de infracciones cada año, y que solamente estos criminales costaban
al menos £11 mil millones anualmente, excluido el coste de los bienes robados o
dañados. Para resumir, las conclusiones del SEU fueron las siguientes:
a) Las sentencias no consiguen desviar a la
mayoría de los delincuentes de la criminalidad.
b) Una sentencia de encarcelamiento puede
empeorar la situación - y frecuentemente lo hace efectivamente.
c) La verdadera solución clave para reducir la delincuencia
consiste en combatir sus causas. La situación de jóvenes sin techo, el
desempleo, problemas de droga y alcohol, problemas de salud mental, problemas
de salud física, problemas escolares - estas son las raíces de la criminalidad,
cultivadas por el impacto del encarcelamiento.
Estas conclusiones tienen como base pruebas
incontestables, apoyadas por siete departamentos gubernamentales diferentes que
habían sido consultados, y entregadas directamente al Primer Ministro, que las
acogió debidamente con agrado como “una contribución significativa a nuestra
comprensión de lo que funciona en la lucha contra la criminalidad”. Fue finalmente
una posibilidad, para el sistema de justicia penal, comenzar a efectuar cambios positivos. Desafortunadamente, en ese
momento el Primer Ministro estaba ocupado en la lucha contra “brutos en las
esquinas de las calles y centros comerciales “ y el informe fue archivado.
Al mismo tiempo, lejos del centro de atención mediática,
los Equipos para Delincuentes Menores del gobierno están haciendo progresos.
Programas Intensivos de Sostén y de Vigilancia (ISSP) han
sido puestos en marcha para encargarse de autores de infracciones graves y
repetidas. En su mayoría sujetos a la vigilancia con etiquetas electrónicas,
estos jóvenes delincuentes reciben 25 horas cada semana de formación y trabajo
intensivo con una gama de tratamientos antidroga y contra el alcoholismo, así
como apoyo psicológico. Algunas evaluaciones iniciales de los programas ISSP
demuestran una reducción significativa en la frecuencia y la gravedad de
infracciones ulteriores - resultados mucho mejores que los que se obtienen con
la prisión.
Un programa ISSP cuesta £8500 durante seis meses, en
comparación con seis meses en una institución cerrada para jóvenes delincuentes,
que cuesta £21.000. Los programas ISSP, de ahora en adelante, deberían estar
disponibles para la mayoría de criminales no peligrosos de cualquier edad.
Las Comisiones para la Inclusión y el Sostén de la Juventud (YISP)
identifican aquellos niños con comportamientos que podrían conducirlos a
cometer infracciones, para que participen dentro de una gran gama de agencias
de los servicios sociales a clubes deportivos, para ayudar a desviarles de una
vida consagrada a la criminalidad. Atribuyendo a niños de ocho a trece años de
edad una “puntuación” según una lista de factores de riesgo, las Comisiones
pueden identificar niños propensos a implicarse seriamente en la criminalidad
antes de llegar a la mayoría de edad, aun cuando todavía no han cometido una
sola infracción. Hay pocas dudas de que si niños de esta franja de edad comienzan
a implicarse en la criminalidad, hay un alto riesgo de que se vuelvan
criminales adultos habituales o violentos. Un niño es considerado en riesgo si
corresponde al menos a seis categorías de una lista de nueve puntos, entre
otros, conducta antisocial constante, una actitud revoltosa en la escuela,
exclusión de la clase, o una madre que no consigue ponerle freno a su grosería, agresión y rabietas.
Por desgracia, los jóvenes delincuentes no son una
prioridad y se ignora la posibilidad de intervención temprana, no sólo en el
Reino Unido, sino también en el mundo entero.
El 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y la
Justicia Criminal, que se realizó del 18 al 25 de abril en Bangkok, Tailandia,
tuvo el objetivo general de promover en el mundo la adopción de políticas de
prevención del delito y medidas de justicia penal más justas y eficaces.
El Congreso
reunió a delegaciones gubernamentales, representantes de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas,
así como a expertos vinculados al área de la justicia penal. Participaron 2.370
personas pertenecientes a gobiernos, 167 organizaciones no gubernamentales y
1.135 expertos independientes.
Si bien las recomendaciones que emergieron del 11° Congreso tendrán
impactos sobre el desarrollo de las políticas de justicia criminal, fortalecerán
la aplicación de la ley y realzarán el enfoque de la prevención en cada país,
el 11° Congreso no dio relevancia al área especializada de la administración de
Justicia Juvenil. Es decir que las recomendaciones no se definieron directrices
para los Estados sobre el desarrollo de políticas y programas referidos a los
niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, tal como es exigido por la
Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de las Naciones
Unidas.
En los discursos oficiales de apertura del Congreso, presentados por
Antonio María Costa, Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas sobre
Drogas y Crimen (UNODC), Suwat Liptapanlop, Ministro de Justicia de Tailandia
(Presidente del 11° Congreso) y Kofi Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas (discurso leído por el Director Ejecutivo de UNODC) se dio un enfoque
especial a la lucha contra el terrorismo, pero otros temas, entre ellos la
administración de Justicia Juvenil, no fueron mencionados.
Asimismo, en la etapa final del Congreso, durante los debates sobre la
redacción del proyecto de Declaración, predominó la tendencia a dar un mismo
enfoque a la situación de los niños, niñas y adolescentes que cometen
infracciones a la ley y a la situación de los niños, niñas y adolescentes que
son víctimas de delitos, confundiendo temáticas y realidades distintas que
corresponden a áreas especializadas de trabajo. El párrafo No. 25 del Texto
Preliminar del Proyecto de Declaración del Congreso asume ese mismo enfoque
uniforme.
Por ello, finalizado el 11° Congreso resulta indudable que queda mucho trabajo
pendiente en el ámbito internacional hacia la promoción de la Convención sobre
los Derechos del Niño en relación con la Justicia Juvenil Es el desafío de las
organizaciones dedicadas a la promoción y protección de los derechos de los
niños y, en general, de todas las organizaciones de defensa de los Derechos
Humanos, en el entendido de que la mejor prevención del delito se logra
generando oportunidades para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Esto será uno de los temas principales para
tratar con motivo de nuestro Congreso en Belfast - del 27 de agosto al 01 de
septiembre de 2006.
¡Ud. podría estar presente!
Willie
McCarney, Presidente
SANCIONES
ALTERNATIVAS
Los ejemplos siguientes de prácticas innovadoras en el
campo de “Sanciones Alternativas” provienen de una publicación reciente del Panel De Coordinación De Entidades
Relacionadas Con La
Justicia De Menores. El título de la publicación es: “Protegiendo los derechos del niño en conflicto
con la ley” y es el resultado de los esfuerzos de colaboración de todos los
miembros. El programa y las
experiencias de reformas a la justicia de menores representan la diversidad de
enfoques de las organizaciones miembros del Panel. El programa y las
experiencias presentadas abarcan cinco categorías de propuestas para la
reforma: apoyo legal, sanciones alternativas, capacitación y entrenamiento, conciencia
pública y promoción, y finalmente, seguimiento y presentación de informes.
Todas estas prácticas específicas constituyen intervenciones que forman parte
de propuestas de reforma de mayor alcance y a diferentes niveles en cuanto a la
justicia de menores.
En el
presente número de la Crónica estamos poniendo énfasis en Sanciones
Alternativas. Cualquier persona que desea leer la publicación entera debería
contactar una de las agencias citadas.
Willie
McCarney, Redactor en Jefe
1. Desvío del
procedimiento formal y reintegro a la comunidad a través de la educación de
pares
Organizaciones
colaboradoras:
Save the Children RU
Free Legal Assistance Volunteers Association (FREELAVA)
País: Filipinas (en Cebu, archipiélago de Visayas)
Antecedentes
La experiencia concreta en Filipinas ha demostrado que en
el caso de los niños en conflicto con la ley, se presentan altos niveles de
abuso en el momento del arresto y durante la custodia policial. Las condiciones
en los lugares de detención son generalmente deficientes y los niños a menudo
permanecen detenidos junto con adultos. No existe casi ninguna experiencia
práctica de programas de prevención del delito, o de alternativas al sistema
formal, y hay escaso apoyo para facilitar a los niños el retorno a sus
comunidades con miras a la reinserción social, luego de su detención.
No existe actualmente ninguna legislación que disponga un
sistema independiente para manejar las situaciones de niños en conflicto con la
ley. En el campo de la justicia de menores, existe un buen número de proyectos
de ley que esperan la atención del Congreso. La prevención del delito y las
propuestas alternativas hacen parte de estos proyectos de ley, pero hay aún muy
pocos modelos prácticos a seguir. El presente proyecto constituye uno de dichos
modelos.
Realizaciones
En octubre de 2001 SC- RU formó una sociedad junto con
FREELAVA (una muy conocida ONG activa en Cebu, la segunda ciudad de Filipinas)
para establecer un “programa de Prevención y desvío/ mediación dirigido a niños
en conflicto con la ley”. Este repertorio orientado a desviar a los niños del
sistema formal de justicia, les ayuda a cambiar su comportamiento, a reintegrarse
con otros niños después de ser liberados de la custodia, y a institucionalizar
una prevención del modelo delictivo.
El esquema de desvío que se maneja en el proyecto abarca
los delitos menos graves, que constituyen la gran mayoría de casos de niños
actualmente arrestados y tomados en custodia por la policía. Además, la
investigación en Cebu indica que el 94 por ciento de los niños arrestados por
la policía entre 1999 y 2001 eran delincuentes debutantes. El proyecto no cree
que el desvío sea apropiado para los casos de asesinato, violencia extrema,
violación, altos niveles de reincidencia o tráfico importante de drogas. Sin
embargo, el proyecto de reinserción posterior a la custodia podría ser una
importante ayuda para los delincuentes.
Actualmente el proyecto funciona en doce áreas de
gobierno local llamadas barangays, que tienen poblaciones que oscilan entre
10.000 y 100.000 personas. En cada uno de ellos, ha sido instalado un Comité de
Justicia de Menores (CJC) para resolver delitos leves a través de la mediación,
evitando así el caso de los niños formalmente arrestados y mantenidos bajo
custodia policial antes de ser conducidos ante los tribunales. El CJC tiene 11
miembros, pero son el Director y el Subdirector del Comité de Justicia o barangay
quienes usualmente conducen los casos del CJC con la ayuda de otros miembros.
En cada uno de los doce barangays, hay voluntarios de la
comunidad y educadores de par; se trata de jóvenes de edad y condiciones
similares al infractor, quienes en el pasado fueron niños en conflicto con la
ley, y que aconsejan y ayudan a los niños que han sido presentados ante el CJC
o a aquéllos que regresan a su comunidad al recuperar la libertad luego de
haber permanecido detenidos. Tanto los voluntarios de la comunidad como los
educadores de par han sido capacitados para su trabajo. Normalmente hay cerca
de diez voluntarios de la comunidad y diez educadores de par en cada comité de
autoridad local o barangay. Dentro de cada uno de éstos, se ha hecho un
esfuerzo para seleccionar los voluntarios de la comunidad. Los requisitos
mínimos para ello son: interés en ayudar a los jóvenes, conocimiento de la ley,
destreza en la comunicación, y paciencia. Su entrenamiento ayuda a desarrollar
estas habilidades. Los voluntarios de la comunidad se reúnen mensualmente y
presentan informes orales que son registrados por FREELAVA. Los voluntarios de
la comunidad son reconocidos miembros del CJC y en algunas ocasiones se les
pide que asistan a la mediación del CJC y/o que ayuden luego a algún niño que
lo requiera.
Los educadores de par son escogidos porque han adoptado
un estilo de vida positivo y por la actitud que han asumido desde su
liberación, a menudo ayudados por un voluntario de la comunidad. Los educadores
de par reciben sensibilización acerca de la Convención sobre los Derechos del
Niño, y del liderazgo y la importancia de respetar a los demás. Bajo la
dirección del personal del proyecto y los voluntarios de la comunidad, su papel
es el de apoyar a los niños que llegan ante el CJC. Esto significa que ellos
participan con estos niños en las actividades deportivas y culturales. Muchos
de los educadores de par volvieron a la escuela con la ayuda financiera de
FREELAVA. Hasta hoy, no hay ninguna joven educadora de par; las niñas constituyen
aproximadamente el tres por ciento de los delincuentes y, a diferencia de los
muchachos, habitualmente reciben apoyo del departamento de bienestar social
debido a su vulnerabilidad.
FREELAVA designa sus propios trabajadores para ayudar a
los voluntarios de la comunidad y a los educadores de par en cada barangay.
También funciona un grupo de padres de los educadores de par.
¿Por qué es
una práctica adecuada?
Logros
• El líder de la autoridad local en un barangay informó
de mil niños que fueron desviados del sistema de justicia formal en los dos
años siguientes al inicio del proyecto.
• Hay aproximadamente 120 voluntarios de comunidad
entrenados, vinculados al proyecto y trabajando con el CJCS en 12 barangays.
Los diez voluntarios de comunidad en el barangay Ermita trabajan con cerca de
doscientos niños en conflicto con la ley. El éxito del proyecto en el barangay
significa que hay una urgente necesidad de aumentar el número de voluntarios.
• El hecho de que la totalidad de voluntarios de la
comunidad fuera elegida por los CJC en las elecciones del año anterior, muestra
que su trabajo goza del aprecio general.
• En el presente, hay aproximadamente cien educadores de
par. Ellos afirman que su relación con los voluntarios de la comunidad ha
transformado su percepción sobre sí mismos; ahora sienten que tienen un valor.
Disfrutan ayudando a otros niños, relacionándolos con sus propias experiencias
e implicándolos en las actividades previstas. El proyecto ha reintegrado
socialmente a los educadores de par y les ha ayudado a desempeñar un papel
positivo en la vida de los niños infractores.
• La policía parece tener una actitud positiva hacia los
educadores de par.
• Las celdas de detención en los centros barangay ya no
son utilizadas para el caso de niños. Ahora, si fuere necesario, los niños son
mantenidos en espacios abiertos. En caso de detención, generalmente no son
retenidos durante la noche.
• La policía local tiene ahora un conocimiento claro
acerca de los derechos del niño; en caso de detención no aplica las esposas
sobre sus manos, y explican al menor los motivos de su arresto, conduciéndolo
al CJC en lugar de llevarlo a la comisaría.
• El proceso de mediación sigue una serie de pasos o
protocolo. Una copia del acuerdo es entregada a la víctima, al infractor, al
CJC y a FREELAVA. Los archivos son protegidos de manera confidencial. Un
informe general de los casos tratados es enviado al Departamento de
Administración Local cada tres meses.
• En una reunión de dos días en la que participaron
treinta niños recientemente liberados, se escucharon opiniones sobre sus
experiencias en torno al sistema de justicia penal.
• FREELAVA explora otras posibilidades para establecer
CJC en el sistema de gobierno local y así beneficiar a los barangays menos
progresistas y que tienen una estructura diferente.
• FREELAVA crea lazos con otras ONG implicadas en la
protección infantil e interesadas en apoyar a los niños en conflicto con la
ley.
Condiciones
necesarias
• Buenas relaciones con los directivos y concejales de
los barangays, y alcaldes municipales. Esto también servirá para que la
estructura de los CJC sea adoptada a través de ordenanzas locales.
• Continuidad: las elecciones pueden producir un cambio
importante en el personal de las estructuras locales de gobierno, por lo que
diversos caminos son necesarios para dar continuidad a los miembros del CJC.
• Compromiso de parte de los miembros de los CJC y muchas
ONG si el concepto de voluntarios de comunidad y educadores de par es
cuestionado.
• Supervisión y Evaluación: se esperan las evaluaciones
cuantitativas y cualitativas de algunos aspectos del proyecto, por ejemplo el
número de niños atendidos por los CJC, los acuerdos logrados, el apoyo
ofrecido; el trabajo de los voluntarios de la comunidad y los educadores de par,
y sus opiniones sobre ello; cómo se lleva a cabo y cómo es percibido el trabajo
por parte de los implicados en el mismo; las relaciones con el trabajo social,
el gobierno local y las ONG.
• Apoyo al seguimiento de los casos examinados por el CJC
para identificar el impacto a largo plazo sobre los niños, en relación con su
adecuada reinserción social.
Fuente documental:
El límite de las Reglas: niños en conflicto con la ley y
el proceso en la justicia de menores. La experiencia en Filipinas. Save the
Children RU, 2004.
2. Mecanismos
alternativos para la resolución de conflictos a nivel comunitario
Organizaciones
colaboradoras:
ONUDD y socios
País: Senegal
Antecedentes
El delito urbano en Dakar es en gran medida un fenómeno
relacionado con la juventud. La criminalidad juvenil toma esencialmente la
forma de pequeños robos (p.ej., en vehículos aparcados) y de robo agravado
(p.ej., arrebato del bolso). Sin embargo, durante los últimos años han
aumentado los ataques contra personas y la violencia callejera (homicidios,
robos a mano armada) que han incrementado una creciente sensación de
inseguridad y la consecuente proliferación de empresas de seguridad y
protección.
Las afueras de Dakar, a donde son relegados los sectores
más pobres de la población, se han convertido en áreas de marginación,
violencia y peligro. Las penurias de los grupos de población que viven en esos
deteriorados y desfavorecidos distritos no son solamente un problema económico
sino también un problema social. La gente de dichas áreas siente que no tiene
derecho a aspirar al mismo nivel de asistencia médica, educación, bienestar o
seguridad del que gozan otros sectores de la población. Esto conduce a una
erosión del sentido de pertenencia a la comunidad, sentimiento reforzado por la
ausencia de servicios públicos suministrados por el Estado en tales barrios.
Tal percepción de la exclusión por parte de la comunidad, explica en gran parte
la violencia y la delincuencia.
El delito urbano y la delincuencia juvenil sólo pueden
ser contrarrestados por iniciativas cercanas a la comunidad, como la creación
de una fuerza de policía del barrio, un servicio legal y la fundación de
centros judiciales. Es importante que la judicatura sea más cercana al público
para el tratamiento de discusiones que surgen en la vida diaria, como disputas
entre vecinos, incidentes que incluyen pequeños robos o daños a la propiedad,
discusiones familiares, incumplimiento en el pago por mantenimiento, o ausencia
de los niños en sus compromisos legales. El enfoque judicial convencional no es
la respuesta más apropiada puesto que no garantiza el acceso a la justicia en todos
los casos. Además, otros mecanismos deben ser desarrollados para reducir el
recurso a la detención de menores en conflicto con la ley. Según normas internacionales
sobre la justicia de menores, la privación de la libertad debe ser utilizada
como última instancia y durante un período lo más corto posible.
Realizaciones
Los centros judiciales están siendo creados en el corazón
de distritos de reconocida pobreza de Dakar (Rufisque, Diamaguène-Sicap y HLM)
con el objetivo de facilitar su acceso a la justicia. Los centros judiciales
proporcionan el marco institucional para la mediación y la reconciliación.
El Centro Judicial está designado para:
• Incrementar el acceso a la justicia en los barrios
pobres de Dakar;
• promover la justicia reparadora como respuesta
alternativa al servicio de los niños en conflicto con la ley, y
• realizar esfuerzos para la prevención y la reducción
del delito urbano y los casos de niños en conflicto con la ley.
Bajo la total supervisión del fiscal acusador del Estado,
los centros judiciales son dirigidos por un mediador/conciliador contratado de
conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación, y asistido a
su vez por un asesor/coordinador. Estas personas se comunican con los
departamentos de gobierno responsables de asuntos sociales, niños en riesgo,
menores en conflicto con la ley, control de drogas y otros, así como con las
autoridades municipales y con las organizaciones no gubernamentales que
trabajan en estas áreas. El mediador/conciliador informa sobre casos concretos
a la autoridad responsable de los procesos judiciales y se cerciora de que los
socios firmantes del acuerdo para crear el centro judicial sean informados
sobre sus actividades.
En cada centro judicial, se ha establecido un comité de
dirección. Este cuerpo reúne a los miembros permanentes del centro judicial
(por ejemplo, el mediador/conciliador, el mediador/coordinador), funcionarios
locales (sala municipal, funcionarios judiciales y de policía) y los
representantes de las asociaciones de residentes y organizaciones no
gubernamentales que trabajan asociadas con el centro. El comité de dirección
examina y supervisa problemas locales relacionados con la inseguridad y la
violencia en los barrios desfavorecidos dentro de su jurisdicción y prepara un
plan de actividades prioritarias de prevención para ser implementadas en la
zona.
La capacitación ha sido prevista para el personal que
trabaja en compañía con los centros judiciales con el fin de prepararlos para
sus nuevas funciones. Los cursos de capacitación incluyen módulos sobre la
política e iniciativas para la prevención del delito urbano, asistencia a las
víctimas (servicios de consulta y apoyo), mediación penal y técnicas de
conciliación. Como parte de una campaña pública de información que fue puesta
en marcha, se distribuyeron folletos informativos en lugares públicos para
proporcionar información sobre los centros judiciales, el papel del mediador/
conciliador y la función del servicio de policía vecinal.
El Estado senegalés y el Consejo municipal de Dakar
apoyan esta iniciativa tanto en términos institucionales como financieros. Un
acuerdo básico de constitución para el centro judicial fue preparado para
determinar los gastos a pagar por cada parte implicada y las disposiciones
necesarias para financiar las operaciones.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
• Acceso a la justicia: en casos penales, la mediación y
la conciliación constituyen una alternativa a los procedimientos judiciales.
Estas formas de justicia reparadora tienen mayor probabilidad de inculcar en el
agresor un sentido de responsabilidad, cumplir las expectativas de la víctima y
así eliminar las tensiones en la comunidad.
• Incremento de recursos: la participación de comunidades
locales en las prácticas conciliatorias y compensatorias, proporciona acceso a
los recursos locales humanos, materiales y financieros que de otra manera no
estarían disponibles.
• Rehabilitación y reinserción: la resolución de
conflictos al nivel comunitario conduce al éxito en la rehabilitación social y
en la reinserción de los infractores. Este enfoque es acorde con la Convención
sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales sobre asuntos de
justicia de menores.
• Reducción del uso de la custodia para niños en
conflicto con la ley: los mecanismos de solución alternativa de conflictos
también reducen notablemente la utilización de la detención anterior al juicio
y las sanciones que incluyen la custodia.
Condiciones
Necesarias
• Cooperación de la población local: para obtener
resultados sostenibles, se requieren bases fuertes en las instituciones
locales, y éstas se pueden lograr únicamente con la cooperación de los
habitantes del sector. Ellos deben sentir que los elementos de justicia les
pertenecen.
• Sede para los centros judiciales: las instalaciones
necesarias deben ser identificadas y restauradas, y dotadas con el equipamiento
que sea necesario.
• Se requiere una base legal adecuada, para lo cual es
posible que se necesite repasar y enmendar la legislación respectiva.
Fuente:
Documento del proyecto UNODC - FS/SEN/02/R36 “Prevención
del delito en la región de Dakar” (Título original: “Crime Prevention in the
Dakar region”).
3. Consejos locales
como tribunales de primera instancia para niños en conflicto con la ley
Organizaciones
colaboradoras:
Defensa de
Niñas y Niños Internacional- Uganda
Legal Aid Clinic
Save the Children
Gobiernos de distritos locales
País: Uganda
Antecedentes
La Constitución de la República de Uganda prevé la
creación de consejos locales como parte de la descentralización del poder. Los
consejos locales son las unidades mínimas con poderes administrativos,
legislativos y judiciales que forman parte de los gobiernos centrales.
Los tribunales de consejo local tienen autoridad para
manejar infracciones menores al código penal. La Ley de Niños (The Children
Act) también otorga a los consejos locales la responsabilidad de salvaguardar y
promover los derechos y el bienestar de los niños.
Sin embargo, un análisis de la situación realizado en el
año 2000 por DNI y otros socios, reveló que los tribunales de consejo local no
asumían ofensas leves como lo estipula la ley, sino que tendían a priorizar
casos diferentes a aquellos que implicaban a niños en conflicto con la ley.
Como resultado de ello, en el sistema legal formal se
produjo una gran afluencia de casos de niños implicados en pequeños delitos.
Realizaciones
DNI - Uganda ha apoyado los consejos locales para poner
en práctica las medidas que respetan los derechos del niño. Para reforzar su capacidad
de manejo en estos casos, los consejos locales fueron sensibilizados acerca de
su papel en la protección de niños en conflicto con la ley.
La formación de la capacidad específica y el apoyo a los
comités de consejo local incluyeron:
• Capacitación sobre el papel y la jurisdicción en manejo
de casos relacionados con niños.
• Capacitación sobre recolección y gestión de datos.
• Capacitación sobre el desvío de medidas y su
importancia.
• Capacitación sobre mediación y justicia reparadora.
• Refuerzo de la capacidad para el seguimiento de casos y
promoción de la rehabilitación de niños infractores.
• Apoyo logístico a los consejos locales.
En compañía del Comité Nacional de Justicia de Menores,
DNI apoya las actividades de capacitiación en:
• Derechos Infantiles, expansión y desarrollo.
• Habilidades en orientación básica y habilidades de
comunicación amistosa con los niños.
• Recolección y gestión de datos.
• Rehabilitación y reinserción de niños.
• Habilidades de mando y responsabilidad, capacidad para
ofrecer capacitación, supervisión y evaluación.
Además, los miembros de los consejos locales del distrito
de Kampala también ofrecieron capacitación para la mediación y la justicia
reparadora. Igualmente Save the Children adelanta actividades de capacitación
con los consejos locales para fortalecer su capacidad como tribunales de
primera instancia.
Por parte de los consejos locales han sido seleccionadas
y entrenadas personas aptas para hacer seguimiento a niños en conflicto con la
ley, y asegurar su reinserción y rehabilitación.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
• Aumento de casos desviados: donde las capacidades de
los consejos locales han sido reforzadas, se manejan eficientemente los casos
relacionados con niños y solamente se remiten los casos más complejos a las
oficinas de policía y de bienestar social. Por consiguiente, muchos casos
relacionados con niños han sido desviados del sistema de justicia formal.
• Aplicación y aceptación pública de sanciones de no -
custodia: los consejos locales han sido capaces de recurrir a castigos
alternativos como la compensación, las excusas y la restitución. También han
encabezado campañas de sensibilización que pretenden enseñar a las comunidades
circundantes sobre el valor de las sanciones de no - custodia.
• Prevención del maltrato: considerando lo inadecuado de
la detención y de las instalaciones para hacerla efectiva en casos que involucren
niños, la figura de las cortes de consejo local impide que los niños sean
maltratados y aprendan conductas negativas mientras permanecen en los centros
de detención.
• Preservar la asistencia a la escuela: el manejo de los
casos relacionados con niños por parte de los tribunales de consejo locales
preserva la asistencia del niño a la escuela, evitando que pierda las clases
mientras permanece detenido o en prisión preventiva.
Condiciones
Necesarias
• Sensibilización de la comunidad: DNI desarrolla una
amplia campaña de sensibilización para promover los derechos del niño. Dirige
un programa radial de llamadas “en directo” en la Emisora Nacional de Radio
(National Radio Station). El programa ofrece a los niños una plataforma para la
discusión de asuntos relacionados con sus intereses. También es utilizado para
sensibilizar al público acerca de los derechos y responsabilidades de los niños
y proporciona información sobre la legislación relevante. La audiencia incluye
consejos locales, padres de familia, líderes locales, y otros posibles interesados.
• Participación de niños ya que ellos necesitan estar
efectivamente implicados en los temas que afectan sus vidas.
• Voluntad política y compromiso de los líderes del
gobierno local para dar prioridad a los temas relacionados con los niños.
Fuente documental:
Informe sobre una estrategia de desarrollo y Seminario de
capacitación sobre la administración de justicia de menores en Uganda, DNI -
Uganda, octubre de 2000; Justicia de menores en Uganda: análisis de una
situación UNICEF/SC (RU), septiembre de 2000; una evaluación del Programa de
justicia de menores en cuatro distritos pilotos de Kampala, Gulu, Hoima y
Masaka, SC (RU), 2003; Informe de evaluación sobre el Programa de refuerzo en
la capacitación de los comités de consejo local para manejar los casos relacionados
con niños en el Distrito de Kampala, Legal Aid Clinic, diciembre de 2003;
Informe sobre la evaluación del programa de justicia restaurativa en el
Distrito de Kampala, Legal Aid Clinic, abril de 2004; Ley de niños 1999;
Informe complementario de las ONG sobre la implementación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en Uganda, Red de ONG sobre los derechos del niño
en Uganda, diciembre de 2002.
4. Unidades
municipales de mediación infantil supervisadas por el Ministerio de Justicia
Organizaciones
colaboradoras:
Save the Children RU
Ministerio de Justicia Lao RDP
País: Lao RDP
Antecedentes
En Lao RDP los municipios han tenido experiencias
anteriores con unidades de mediación para resolver disputas civiles, y en
ocasiones penales, de adultos. Ese papel fue definido legalmente por una
directiva del Ministerio de Justicia en 1997. Como parte de ese proyecto de
justicia de menores, Save the Children - RU y el Ministerio de Justicia de Lao
adelantaron en 2002 una investigación para establecer de qué manera las
Unidades de Mediación del Municipio podrían ser adaptadas para resolver
problemas de niños en conflicto con la ley. La investigación exploró la
viabilidad para establecer las Unidades de Mediación Infantil que podrían estar
relacionadas con las ya establecidas estructuras o Unidades de Mediación
Municipal.
Realizaciones
Como parte de un amplio proyecto de justicia de menores
para promover la desviación y la construcción de la capacidad institucional,
Save the Children - RU y el Ministerio de Justicia apoyan las Unidades de
Mediación Infantil para que funcionen al nivel municipal. Estas ejercen la
mediación en casos denunciados por las víctimas, por la policía local y por los
padres de familia. En muchos casos estos mediadores de casos infantiles ya han
tenido experiencias previas en casos relacionados con adultos. Algunos
mediadores de niños han sido entrenados con ayuda del Proyecto de justicia
juvenil, y son estimulados para su especialización en el conocimiento básico de
los derechos del niño y otros temas relacionados.
La mediación no se pone en práctica si el niño no admite
haber cometido la ofensa. Si la ofensa es demasiado seria (asesinato, violación
sexual, violencia extrema) el caso será remitido a la policía. Si no es posible
llegar a ningún acuerdo, el tutor del niño es quien decide cómo continuar el
caso.
Un equipo directivo central de funcionarios del
Ministerio de Justicia supervisa el proyecto con el respaldo del Ministro. En
el nivel provincial es el Comité de Supervisión Provincial y un equipo de
operaciones y de capacitación provincial; en el distrito sede hay un comité
local de implementación y supervisión. Aparte del equipo directivo central,
estos cuerpos están compuestos por algunos de los miembros más antiguos del
sistema de justicia penal, por ejemplo, jueces, policías, fiscales, miembros de
la Unión de Mujeres de Lao y de la Unión Juvenil de Lao, así como de algunos
ministerios relacionados con el tema. Para asegurar la sostenibilidad del
programa, algunos de los ministerios pertinentes también están implicados en
las actividades del equipo directivo central.
Otros componentes claves del programa incluyen:
• Desvío del tribunal y de la custodia
El gobierno municipal, la policía y los fiscales están
motivados para desviar a los niños de su comparecencia ante los tribunales y
reemplazar el recurso de privación de la libertad por otras alternativas tales
como los métodos de justicia reparadora, por ejemplo las advertencias, la
reeducación, el trabajo comunitario y la mediación entre la víctima y el infractor.
• Recolección de información sobre niños Las ocho
provincias recogen datos sobre el desvío utilizado por las Unidades de
Mediación Infantil - CMU (Children's Mediation Units), policía y fiscales
acusadores, así como la información que aporta el tribunal sobre aquellos niños
y sobre las sentencias del caso. La información indica el tipo de desvío
implementado, pero no menciona la ofensa cometida.
• Capacitación y difusión de prácticas adecuadas
Capacitación para el personal de justicia penal, mediadores CMU y todos
aquellos que participan en la prevención de conductas delictivas, incluyendo el
conocimiento y la comprensión de las implicaciones del Comité de los Derechos
del Niño, los instrumentos internacionales, las leyes de Lao y los principios
de una práctica eficaz. Un componente clave ha sido la creación y la
multiplicación de la capacitación y de los materiales para una práctica
eficiente en el idioma local, el lao.
• Escucha de las opiniones de los niños.
Las opiniones de los niños son cada vez más solicitadas y
escuchadas por los mediadores infantiles, la policía, los fiscales y
tribunales, aunque únicamente en la etapa inicial del proceso.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
• Un equipo directivo central de funcionarios del
Ministerio de Justicia recopiló por primera vez en 2004 información de la
policía y del tribunal sobre casos desviados, y sobre casos enviados al
tribunal. Los datos cubren las ocho provincias incluidas en el Proyecto de
justicia de menores.
• Del número total de niños reportado por los mediadores,
la policía, la oficina de fiscales y los tribunales en las ocho provincias, el
96.4 por ciento y el 95 por ciento fueron desviados en 2002 y 2003
respectivamente (UNICEF estima que sólo el 2 por ciento son verdaderos
delincuentes). El desvío se llevó a cabo por la vía de acuerdos de mediación y
advertencias, multas, reeducación y mediación a través de la policía y de la
oficina de fiscales.
• Entre 2002 y 2003 los casos resueltos al nivel
municipal, relacionados con niños, aumentaron de 462 a 1.157; mientras el
desvío de casos de policía aumentó de 1.198 a 1.545.
• La supervisión se realiza con mayor regularidad en
todos los niveles permitiendo una mejoría tanto en la práctica como en la
recolección de información. Evaluaciones regulares han asegurado un énfasis en
la calidad del trabajo.
• Los niños también están haciendo más preguntas y están
siendo más escuchados por todos aquellos implicados en las Unidades de
Mediación Infantil y en los procesos judiciales.
• El proceso de reintegración conducido por la policía y
denominado localmente “Re-educación” ha cubierto un mayor número de niños
involucrados en procesos e involucra igualmente a un creciente número de
miembros del Comité Distrital de Implementación y Supervisión, así como a las
familias de los niños. Esto generalmente motiva un cambio en el comportamiento
y advierte acerca de las consecuencias de otros delitos.
Condiciones
necesarias
• Supervisión y evaluación: El seguimiento y la evaluación se han dirigido fundamentalmente
hacia la implementación y el análisis con el fin de hacer respetar los
principios establecidos, las modificaciones necesarias aportadas y la rápida
corrección de los errores. No hay, hasta el momento, ninguna retroalimentación
regular para los niños y ninguna supervisión sobre los casos de reincidencia.
Las iniciativas de seguimiento en los niveles provincial y distrital requieren
desembolsos financieros regulares para las provincias.
• Seguimiento a los niños: por parte de quienes hayan participado en procesos de mediación en
las unidades comunitarias de mediación.
Fuente documental:
Evaluación Final del Ministerio de Justicia y Save the
Children-RU, apoyo al Proyecto de justicia de menores en Lao RDP, financiado
por el Gobierno británico desde abril 2002 hasta abril de 2004, compilado por
John Parry-Williams.
5. Comités
comunitarios de prevención del delito
Organizaciones
colaboradoras:
UNICEF y socios
País: Malawi
Antecedentes
Malawi actualmente no tiene un sistema judicial
especializado para niños en conflicto con la ley. No existe ningún servicio
legal de ayuda gubernamental y hay escasez de trabajadores sociales. Sin
embargo, las comunidades en Malawi tienen una historia de preocupación
colectiva hacia los niños. Los programas comunitarios básicos, como el de los
Comités comunitarios de prevención del delito, constituyen un retorno a los
mecanismos tradicionales para manejar los problemas de los niños.
Habitualmente en Malawi siempre que un niño comete un
delito, el sistema tradicional (jefes, autoridades tradicionales, ancianos de
la comunidad, el niño y su familia, y finalmente la víctima) aconseja a la
familia y al niño y toma una decisión sobre lo que se debe hacer. En la mayoría
de los casos se le exige al niño realizar un determinado trabajo en beneficio
de toda la comunidad, como por ejemplo, reunir el ganado en una manada, o
cocinar. Tal sanción no es considerada como abuso o explotación del niño, sino
simplemente un recurso que la comunidad utiliza para resolver el conflicto y
apoyar la rehabilitación del niño.
Realizaciones
Los comités de prevención del delito habitualmente están
conformados por distinguidos miembros de la comunidad: personas que –debido a
su posición o su integridad– son consideradas por la comunidad como modelos a
imitar. Normalmente el comité está compuesto por el director de la escuela
local, algunos profesores, los jefes tradicionales, ancianos o personas mayores
y secretarios de algunos otros comités que juegan un papel en la vida de la
comunidad. Ejemplos de tales comités incluyen el agua y el saneamiento, y el
comité de derechos del niño. Los padres de familia y los jóvenes también están
incluidos en las actividades del comité.
Siempre que un niño de la comunidad entra en conflicto
con la ley, el Comité Comunitario de Prevención del Delito trata de solucionar
el caso dentro de la comunidad misma sin recurrir a las instancias policiales
ni carcelarias oficiales.
Los comités buscan la manera de prevenir y desviar del
sistema de tribunales a los niños en conflicto con la ley. Algunas veces los
padres y profesores acuden al comité de prevención del delito para discutir
asuntos relacionados con niños “rebeldes”: niños que no quieren ir a la
escuela, niños que causan daños en el recinto escolar, etc. Los comités
entonces actúan como consejeros.
Para apoyar el trabajo de los comités, UNICEF también
apoya la sensibilización que:
• está planificada para que los padres, profesores y
especialmente los líderes tradicionales sean conscientes de las posibilidades
de desvío de los casos.
• crea conciencia sobre la prevención del delito, el
desvío del caso, y ofrece un panorama sobre el desarrollo del proceso y la
manera en que se puede trabajar con los funcionarios paralegales.
• se orienta hacia donde los asuntos de justicia de
menores son más agudos a causa de la salud colectiva y motivos económicos por
los cuales hay un incremento en los casos de orfandad por el VIH/SIDA, ausencia
de orientación paterna, pobreza, desempleo, presión de amigos, programas de
desarrollo infantil limitados, y una baja edad de responsabilidad penal.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
La mayoría de los pequeños delitos ahora son manejados
dentro de la comunidad sin la participación de la policía ni del sistema
judicial. Hubo una sensible disminución del número de casos llevados al
tribunal, de niños en conflicto con la ley, y de reincidentes. Los últimos
datos disponibles muestran que el 90 por ciento de niños en custodia - en
prisiones y reformatorios- provienen de áreas donde no existen comités de
prevención del delito y donde no han sido implementadas actividades de sensibilización
en tal sentido.
Condiciones
Necesarias
• Apoyo gubernamental: mientras un sistema independiente para niños en conflicto con la
ley no sea un requisito previo para esta práctica, es necesario que la ley
permita el desvío al nivel comunitario. Las redes comunitarias deberían ser
apoyadas siempre que sea posible hacerlo.
• Conciencia sobre los derechos del niño: UNICEF y las organizaciones asociadas
también crean oportunidades para los miembros de los Comités comunitarios de
prevención del delito para fortalecer su conciencia sobre los derechos del
niño. Esto asegura que las sanciones conferidas por mandato de los comités respetan
los derechos del niño y enfatizan en la rehabilitación en detrimento del
castigo.
• Coordinación para el crecimiento: los principales desafíos en Malawi consisten en alcanzar la
sostenibilidad a largo plazo y el incremento de esfuerzos a nivel distrital y
comunitario. UNICEF, sección Malawi, intenta manejar estos asuntos junto con
otros asociados para continuar mostrando la diferencia respecto de los niños en
conflicto con la ley.
Fuente documental:
Correspondencia con el personal de UNICEF en Malawi.
6. Desvío de la
instancia policial: Programa de sanción alternativa “HALT”
Organizaciones
colaboradoras:
Gobierno
holandés y “HALT” Países Bajos
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)- Países
Bajos
no implementa directamente el programa pero proporciona
información y realiza lobby para los trámites de “HALT”.
País: Países
Bajos
Antecedentes
El código holandés de derecho penal y el código de
procedimiento penal contienen disposiciones especiales que establecen que las
sanciones para los niños en conflicto con la ley deben ser diseñadas pensando
en su rehabilitación.
En 1995, una nueva enmienda al derecho penal de menores
fue aprobada en los Países Bajos. Aunque la enmienda reforzó la base legal para
las sanciones alternativas, también endureció las disposiciones relacionadas
con el derecho penal de menores. Por ejemplo, el período máximo de
encarcelamiento para niños en conflicto con la ley fue aumentado de uno a dos
años. Por otra parte, las restricciones legales fueron aliviadas, lo cual
favoreció a los niños evitando que sean juzgados con las normas del derecho
penal para adultos.
Desde 1995, la posibilidad de acudir a los servicios de
HALT, que existe desde 1981, está incorporada en el código penal. Más detalles
sobre las actividades de las agencias de HALT han sido incorporados en la
regulación legal y en las directrices del servicio de acusación estatal. El
sistema holandés de justicia para menores contempla diferentes formas de sanciones
alternativas en varios niveles. Por ejemplo, la policía puede consultar un
proyecto de HALT, y tanto el fiscal como el juez tienen la posibilidad de
aplicar penas de reprensión que consistan en esquemas de aprendizaje y trabajo.
DNI Países Bajos realiza el lobby y ofrece apoyo
institucional para alternativas diferentes a la privación de la libertad de los
niños. Esto se hace enviando boletines de prensa y organizando seminarios
especializados y reuniones con políticos. Una de las iniciativas de apoyo de
DNI es el procedimiento HALT.
Realizaciones
HALT, diminutivo (en inglés) para “la alternativa”, es
una sanción alternativa en la cual la policía puede proponer que el delincuente
infantil ofrezca un trabajo o compensación del daño durante un tiempo máximo de
veinte horas. En casos de vandalismo, daño a la propiedad, o pequeño robo, la
policía puede remitir al menor a una oficina de HALT.
El niño en conflicto con la ley puede elegir el ser
eximido de los gastos a cambio de su participación en un proyecto de HALT. Una
oferta escrita es hecha al niño con la aclaración de que no está obligado a
participar en el esquema. Si el niño es menor de dieciséis años, los padres
deben dar su consentimiento. Si el niño está de acuerdo con la oferta, la
policía prepara un protocolo y lo envía a una oficina de HALT.
Las agencias de HALT han sido instaladas por las
autoridades locales en cooperación con el servicio de acusación estatal. La
oficina de HALT ofrece al menor la posibilidad de participar en un proyecto
particular para el cual se requiere su consentimiento. Las condiciones
ofrecidas consisten en trabajo, compensación del daño causado, o una
combinación de estas dos actividades. Un proyecto de HALT no puede durar más de
veinte horas, aunque en la práctica, no es habitual que éste exceda las diez
horas.
Después de la aplicación de las medidas, la policía
practica una revisión con el grupo HALT y decide si el infractor puede ser
exonerado de los gastos. Si el resultado de la acción de HALT es positivo, la
policía informa tanto al menor como al fiscal acusador, por escrito. De esta
forma, muchos procedimientos judiciales son suspendidos a menos que la parte
ofendida haya elevado una queja formal ante los altos tribunales. Si los
resultados del proyecto HALT son negativos, un archivo para la promoción de
actas preliminares es abierto y pasa ante el acusador estatal. Algunos funcionarios
del servicio de acusación estatal disponen de facultades para tratar, junto con
la policía, asuntos relacionados con HALT.
El procedimiento de HALT tiene como segunda tarea
importante la prevención de los niños en conflicto con la ley. Esto se lleva a
cabo mediante sesiones de información en escuelas, orientadas a niños y
adolescentes entre diez y catorce años. El proyecto HALT también está
comprometido en esfuerzos para mejorar la seguridad en escuelas y/o
comunidades. HALT a menudo trabaja junto con la policía, el cuerpo de bomberos,
la asistencia médica, y los servicios de libertad condicional, e informa sobre
los asuntos de la política local.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
A través de la promoción de los procedimientos HALT, DNI
sección Países Bajos contribuye a los esfuerzos para fortalecer los programas
alternativos para delincuentes infantiles. HALT está considerado como un
proyecto eficiente. De los cerca de 50 mil niños que son arrestados por la
policía, alrededor de 20 mil van a una de las 62 agencias de HALT. En
particular, las medidas de HALT contribuyen a:
• motivar a los niños en conflicto con la ley;
• promover la participación de los niños en la resolución
de sus casos;
• proteger a los niños que están por fuera del sistema
judicial;
• desarrollar estrategias de prevención del delito para
niños en conflicto con la ley, y
• promocionar la cooperación entre diferentes sectores
(incluyendo trabajadores sociales, los jueces, y el personal que se ocupa de la
aplicación de la ley).
Condiciones
Necesarias
• Una sociedad abierta a las medidas alternativas,
incluyendo la justicia reparadora y la mediación.
• La Coordinación entre las diferentes instituciones
implicadas.
• Capacitación de policía y trabajadores sociales,
incluyendo el suministro de los recursos financieros y humanos necesarios.
• La garantía de los derechos del niño y las reglas
básicas para un juicio justo.
Fuente documental:
Annemieke Wolthuis, Moving Forward – Aspectos
rehabilitadores en el sistema de justicia holandesa de menores, DNI - Países
Bajos, 2001.
7. Creación de un
Centro de Paso para la protección del niño, la prevención del delito, y las penas
alternativas
Organizaciones
realizadoras:
Save the Children RU
Nasli Navras (ONG Tayik)
País: Tayikistán
Antecedentes
Tayikistán firmó la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1993. La Comisión Nacional sobre la Protección Infantil (The National
Commission on Child Protection - NCCP) fue fundada en 2001 y es presidida por
el Primer Ministro Diputado y asistida por vice-ministros de los ministerios
pertinentes. En 2001, el NCCP estableció un Grupo de Expertos para hacer
recomendaciones sobre la armonización de la legislación de justicia de menores
con las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Director de
Nasli Navras, la ONG que trabaja asociada con SC (RU), es un miembro del Grupo
de Expertos.
En Tayikistán, la Comisión sobre Menores tiene un mandato
para dirigir los casos de niños presentados por la policía o por los padres,
así como niños en conflicto con la ley que están por debajo de la edad de
responsabilidad criminal. La Comisión a menudo envía niños menores de catorce
años (algunos de siete y aun hasta de tres años de edad) a los centros de
detención, en contravención a las normas legales. También hay casos en que los
niños permanecen detenidos durante largos períodos, por ejemplo un niño de
trece años de edad que había estado detenido durante seis años. La Comisión
sobre Menores no está obligada por el “debido proceso”, no ofrece asistencia
legal a los niños, no se pueden apelar las decisiones judiciales, y sus asuntos
no son investigados por el ministerio público. Su personal raras veces tiene
alguna capacitación en trabajo social y es transferido frecuentemente.
Los niños que llegan ante la Comisión sobre Menores
necesitan cuidado y protección, y muchos de ellos son niños trabajadores o
niños que viven en las calles. Es este grupo de niños al que el Centro de Paso
Nasli Navras ha ayudado, así como también a aquellos niños liberados de la
detención. Hasta hace poco, el Centro estuvo implicado principalmente con niños
que también posiblemente trabajaban, pero que regresaban a su casa en las
noches. Ahora, el Centro ayuda a los niños que viven en las calles. El modo de
vida de estos niños es muy diferente al que antes practicaban al interior de
las bandas, y en roces frecuentes con la policía. Los niños más jóvenes están a
menudo en peligro de violencia, especialmente de violaciones colectivas que
practican otros niños mayores a manera de castigo, generalmente por no haber
recolectado suficiente dinero. Los niños más jóvenes necesitan un refugio
nocturno para su protección.
Realizaciones
El Centro de Paso tiene clases de educación no formal con
énfasis en alfabetización, varios grupos vocacionales, como artesanía, costura
y bordado (que venden a los comerciantes locales), iniciación a la informática,
idiomas extranjeros (inglés y ruso), horticultura, y actividades culturales,
incluyendo bailes tradicionales e instrumentos musicales. Hay una clínica y un
médico pagado por el Estado que practica visitas con regularidad, una clínica
dental, y una farmacia que recibe medicinas suministradas por Farmacéuticos sin
Fronteras. A través de una compañía informática, el Centro proyecta comprar
diez ordenadores en el presente año. También hay una biblioteca. Hay proyectos
para restaurar una piscina y construir una sauna (para abrir al público en
ciertos horarios con el fin de recoger fondos), proporcionar un lugar para que
los niños laven su ropa, y establecer un lavadero de coches para que los niños
mayores de quince años pueden ganar algún dinero. Nasli Navras desea abrir una
sucursal del Centro de Paso con un trabajador social, y prevé visitas regulares
de un médico y un abogado.
El Centro de Paso también practica la prevención del
trabajo en cinco escuelas piloto cercanas a él. En ellas existen clubes
infantiles, cada uno de los cuales se compone de 30 a 40 niños. Ellos toman el
rol de gobierno en la escuela, y algunos son entrenados como consejeros pares,
una de cuyas tareas es ayudar a integrar a los niños que están fuera del Centro
para que regresen a la escuela.
El Centro de Paso es manejado por un Consejo de
Coordinación, que incluye representantes de ONG, las cinco escuelas piloto, la
policía del distrito y la Comisión sobre Menores, representantes del gobierno
local, padres y organizaciones de niños. El Consejo de Coordinación y el Centro
de Paso asumen la capacitación de estos grupos y buscan voluntarios para ello.
Nasli Navras procura reclutar trabajadores sociales ya
capacitados para mejorar su capacidad de trabajo con los niños que están “en grave
riesgo” o que han entrado en conflicto con la ley. El trabajador social daría
orientación, tanto de manera informal como a través de cursos pertinentes,
sobre cómo puede el personal a cargo recuperar la autoestima y la confianza de
los niños, sus habilidades educativas, profesionales, recreacionales y
sociales, así como también desmotivar su conducta delictiva. Un trabajador
social facilitaría el desvío de casos procedentes de la instancia policial, la
Comisión de Menores, y los tribunales.
El Centro Nasli Navras desea extender la función del
Centro de Paso ofreciendo una supervisión del Centro dirigida a desviar al niño
que ha delinquido por primera vez, de la posibilidad de ser enviado a las
celdas de la policía, de ser detenido antes del juicio en instituciones
policiales y la Comisión sobre Menores, y más tarde para comparecer ante un tribunal.
¿Por qué es una práctica adecuada?
Logros
• El trabajo de protección infantil de Nasli Navras y el
apoyo de la comunidad pueden explicar la reducción del número de niños que
vienen remitidos por la policía de Frunze (el distrito más grande de la capital).
En 2002, llegaron 350 casos de dicha procedencia, y en 2003 fueron 195.
Mientras esta reducción se presentaba en Frunze, esta clase de cifras
aumentaban en los otros tres distritos de Dushanbe.
• Durante el año anterior la Comisión sobre Menores envió
seis niños al Centro de Paso Nasli Navras, a donde la policía también envió a
cerca de 35 niños, evitando así enviarlos a la Unidad de Aislamiento Temporal.
También el año pasado, 90 niños fueron liberados de la detención gracias a una
amnistía general; de 84 niños recibidos en el Centro Nasli Navras, ninguno ha
sido reincidente.
• Hay 300 niños registrados en el Centro de Paso. De
ellos, aproximadamente 60 asisten a diario. 210 son niños que trabajan y
permanecen en las calles (70 por ciento); 12 de ellos son niños liberados luego
de la detención; el resto proviene de familias pobres. Entre 2001 y 2003, se
brindó asistencia a los niños de la siguiente manera: 372 completaron varios cursos,
24 niños obtuvieron empleo, 40 obtuvieron su licencia de conducción, u otros
documentos oficiales necesarios. Recientemente, algunos niños de la calle
fueron reintegrados con sus padres, pero la mayoría de éstos no pudieron
acogerlos y se limitaron a ofrecerles algunos regalos. El Centro espera que
para continuar manteniendo un contacto regular con los padres, estas cifras
sigan aumentando.
• El personal de las cinco escuelas piloto participantes,
realiza un trabajo de prevención que genera mayor autoestima y confianza entre
los niños. También se han logrado aciertos en la resolución de problemas entre
profesores y alumnos.
Condiciones
Necesarias
• Buena relación y entendimiento entre Nasli Navras y la
Comisión sobre Menores y todos los departamentos del sistema de justicia penal
respecto de los objetivos del Centro de Paso, del papel y de las limitaciones
en términos de protección infantil y conflicto con la ley.
• Sostenibilidad del Centro de Paso para ayudar al
sistema de protección y justicia en su trabajo.
• Establecimiento de un centro de trabajo social con
suficiente capacidad para que trabajadores sociales competentes puedan ayudar a
niños “en riesgo” y trabajar con sus familias.
Fuente documental:
Save the
Children RU Informe de Tayikistán, Nikhil Roy, marzo de 2002; Niños en
Conflicto con la ley: Informe del Grupo de Expertos, 2003; Informe sobre
Estrategia Sugerida para SC (RU) en Tayikistán por Justicia de Menores, John
Parry-Williams, marzo de 2004., Madrid.
PREMIO
VEILLARD-CYBULSKI 2006
La Asociación Fondo
Veillard-Cybulski, tiene como
objetivo, entre otros, recompensar los trabajos especialmente meritorios,
particularmente aquellos que aportan innovaciones que contribuyan al
perfeccionamiento de métodos educativos, jurídicos, terapéuticos, etc. y para
el tratamiento de niños y adolescentes y de sus familias en dificultades.
Para ello ha establecido el Premio Veillard-Cybulski.
Reglas (resumen)
• El premio se adjudica cada cuatro años con ocasión del Congreso cuadrienal de la Asociación
Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia (AIMJF).
• Los trabajos de los candidatos se pueden
presentar en francés, inglés o
castellano, en cuatro ejemplares, con un resumen que no pase de 10 páginas,
dirigidos a la dirección de la Asociación Fondo Veillard-Cybulksi.
• El próximo premio será adjudicado en
2006. Los trabajos tienen que ser presentados a más tardar el 31 de octubre del 2005. Los mismos no
serán devueltos a sus autores.
• El
laureado recibe un premio de 10.000 (diez mil) francos suizos. El comité de
la AFVC llegado el caso, determinará la suma del segundo premio. En caso que
dos candidatos sean declarados Ex-Aequo, ellos compartirán el premio sin que se
modifique la suma total del premio.
Sion, noviembre 2002.
El Premio
Veillard-Cybulski, 2006, será presentado a las 11:30, viernes, 01 de septiembre
de 2006, durante el XVII Congreso Mundial De La AIMJF en Belfast, Irlanda del
Norte
Para cualquier información sírvanse por favor contactar:
Association Fonds Veillard-Cybulski
C/o Institut International des Droits de
l'Enfant (IDE)
Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suiza.
Email: Tel.: +41-27-205.73.00; Fax: +41-27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch
UNA FECHA PARA SU AGENDA:
LOS NIñOS EN SITUACIóN DE DEFICIENCIA
Y SUS DERECHOS
SION, SUIZA
Del 10 al 14 de octobre de 2006
Lugar: Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB)
Box
4176, CH-1950 SION 4
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
Email:
ide@iukb.ch;
Sitio
web: www.childsrights.org
Lenguas: Francés e Inglés con traducción simultanea
durante las sesiones plenarias.
Contactar: Institut
international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case
postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suiza.
Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
Email: ide@iukb.ch
Síntesis de
MARCEL TRAHAN
EN BUSCA DE JUSTICIA Y
FRATERNIDAD
Marcel Trahan fue un eminente juez en el campo social y
un abogado incansable de los derechos de los niños. Dedicó su vida entera
trabajando a favor de los miembros más vulnerables de la sociedad – niños
abandonados, excluidos, maltratados, y niños en conflicto con la ley. Creía en
forma apasionada que el juez juega un papel central en la rehabilitación y la
reeducación de los jóvenes delincuentes. Fue descrito como un “Gigante” por sus
pares, por su habilidad para diseñar e implementar una legislación focalizada
en los derechos humanos a favor de los niños en conflicto con la ley, mucho
antes de que los derechos humanos se convirtieran en el tema central que tienen
actualmente. En 1939, diseñó una Declaración de los Derechos del Niño basada en
lo que se estaba haciendo en la Liga de las Naciones.
El juez Trahan fue uno de los miembros más antiguos y
fieles de la IAYFJM. Fue elegido para el Consejo de la IAYFJM en el Congreso de
Bruselas en 1958 y elegido como uno de los Vicepresidentes en el Congreso de
París en 1966.
Marcel Trahan nació en Nicolet, Quebec, el 27 de Marzo de 1914. Murió
el 18 de Febrero de 2006.
Willie McCarney, Presidente
En la primavera de 2005
se publicó bajo la pluma de Renée Joyal, en colaboración con Jean Trépanier, la
biografía de Marcel Trahan, Vicepresidente Honorario de la AIMJF.
Personalidad fuerte y
atractiva, Marcel Trahan fue un testigo lúcido e ilustrado de transformaciones
sociales mayores en el campo de la infancia y de la familia. Además, sus
funciones y el sentido que él les daba, le llevaron a jugar un papel de primer
orden en el centro de estos cambios, principalmente en el transcurso de los
años 1940 y 1950. Él participó activamente en los debates en curso por aquel
entonces y logró que la organización judicial y la puesta en obra de las leyes
relativas a la infancia delincuente o en peligro tuviesen en cuenta esta
evolución.
Marcel Trahan creía en
la reeducación. Quizo que el juez ocupara un lugar central. Luego de su acceso
a la magistratura, encarnó esta visión del juez de menores investido de una
misión. Su curiosidad, su rigor y su humanismo hicieron de él un hombre de acción
destacado lo mismo que un apasionado de investigación y de reflexión.
Infancia e inicio de su carrera.
Marcel Trahan nació en
Nicolet el 27 de marzo de 1914, el sexto de una familia de siete hijos. Sus
padres, Arthur Trahan y Joséphine Dufresne son cultos: todos los hijos harán
estudios. Su padre fue diputado en Quebec, de 1911 a 1917, y en Ottawa, de 1917
a 1923 cuando llegó a la magistratura de la Corte Suprema del Quebec.
Sus dos padres habían
contemplado consagrarse a la vida religiosa y ellos le transmitieron a sus
hijos su fé y sus valores: la honestidad, la rectitud, el respeto, la bondad y
el amor al prójimo, los cuales se reforzaron en Marcel Trahan por sus estudios
en el Seminario de Nicolet: en contacto con las humanidades greco-latinas él
aprendió a amar la libertad y la fraternidad.
También se orientó por
la carrera jurídica y durante sus estudios de derecho él se distinguió
participando en la Sociedad de debates, lo que le permitió desarrollar su
elocuencia e hizo de él un tribuno apasionado y solicitado conferencista, en el
grupo de teatro lo mismo que en el equipo de hockey.
Admitido como abogado en
1939, él ejerció el derecho de manera independiente durante algunos años. Desde
entonces se interesaba en los asuntos relativos a la familia. Miembro activo en
el Instituto para la Familia, redactó una declaración de los derechos del Niño,
inspirada en los trabajos de la Liga de las Naciones precursores de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Con motivo de
una conferencia que él pronunció en el Instituto para la Familia, se fijó en el
juez Robillard, jefe de la Corte de menores delincuentes de Montreal, quien le
recomendó al gobierno de entonces que lo nombrara consejero jurídico.
Un hombre comprometido con su medio.
Desde su llegada en
1943, Marcel Trahan consagró todas sus energías en la reorganización de la
Corte. Participó también en diversos comités de estudios y de reflexión
formados por el gobierno del Quebec. Con el objetivo de reorganizar los
servicios de la Corte, redactó diversos informes que proponían formas de
mejorar su funcionamiento: el juez no volvería a recibir quejas directamente;
los agentes de control se repartirían en los diversos distritos de la ciudad;
los guardias de la casa de detención recibirían una formación apropiada. Desde
esta época y esto se prolongó a todo lo largo de su vida), Marcel Trahan se
fijaba en todo lo que se hacía en el exterior y si era del caso se inspiraba
para sugerir cambios. Fue así como había encontrado en las Actas del quinto
Congreso Internacional Católico de servicio social, efectuado en Bruselas en
1935, algunas ideas para la redacción de su primera tesina.
Rápidamente él se hizo
responsable de la administración del Secretariado y de la casa de detención; en
1947 fue nombrado secretario de la Corte de Menores delincuentes de Montreal.
Con el transcurso de los
años organizó actividades, entre las cuales numerosas salidas y distribución de
regalos para los jóvenes delincuentes. También puso en pie actividades destinadas
a ayudar a los jóvenes y a sus familias y a prevenir la delincuencia juvenil.
Una apertura internacional.
Preocupado por mejorar
el sistema judicial para menores en el cual se desarrollaba, Marcel Trahan se
suscribió a muchas publicaciones, entre las cuales varias europeas. Esta
curiosidad le permitió crearse una red al exterior del Quebec. En 1958 asistió
por primera vez a un congreso de la Asociación internacional de magistrados de
la juventud (era el nombre en ese entonces). Acababa de ser nombrado juez
suplente en la Corte de bienestar social (que reemplazó a la Corte de jóvenes
delincuentes). Al término de ese congreso fue nombrado consejero de la AIMJF.
Se convirtió en uno de sus vicepresidentes durante el congreso de París en
1966, en el cual presidió una de sus comisiones.
Marcel Trahan:
Forense
En 1961, Marcel Trahan
deja la Corte de bienestar social. Su presencia agitadora, su fuerte personalidad
y los cambios que había aportado habían desagradado a algunos. El gobierno de
la época lo nombró Forense del distrito de Montreal. Ejerció esta función de
manera brillante hasta 1965, presidiendo varias investigaciones muy mediáticas.
Allí también fue un precursor y un innovador. En muchos casos recomendó la
puesta en obra de medidas preventivas en situaciones susceptibles de poner en
peligro la vida humana. Rara vez concluía una investigación sin hacer
reflexiones útiles para el bien público. Con frecuencia sus recomendaciones
fueron puestas en ejecución. Se dio a la labor de reflexionar sobre el objeto
de su trabajo y de asumir posiciones con el objeto de mejorar las leyes que
regían la función de forense.
El retorno a la
Corte de bienestar social
El 15 septiembre de 1965
(día de su vigésimo aniversario de matrimonio), Marcel Trahan conoció su
nominación a título de juez de la Corte de bienestar social. Permaneció en esta
función hasta 1984.
Visionario, precursor, y
de vanguardia, Marcel Trahan no tenía una concepción tradicional del papel del
juez de menores: para él, ¡se trataba de una misión, una vocación! El juez de
menores debía llevar en el corazón la dimensión humana de la Ley y de la
función de juez de menores. Marcel Trahan siempre estuvo convencido que el juez
es “un profesor de energía social”. No apreciaba la idea de un juez puramente
técnico. Le daba la misma importancia al espíritu y a la letra de la ley. Su
intuición, pero sobre todo su capacidad de escucha le permitían centrar bien la
situación de los jóvenes y él tenía el arte para hablarles. Sabía explicarles
las cosas y motivarlos en el sentido de un cambio positivo. Sabía ver en cada
cual (delincuente o no) lo que tenía de bueno. Entonces construía sobre los
aspectos positivos.
Marcel Trahan tuvo un
estilo muy personal y se comprometió profundamente en todo lo que emprendió.
Dentro de límites jurídicos bastante amplios en esa época, él concilió el papel
del educador, del trabajador social, y del juez. Según él, la acción de los
educadores y de los trabajadores sociales debía ser sostenida por el juez para
maximizar sus efectos. En esta forma la intervención judicial adquiría todo su
significado, combinando el compromiso social y el compromiso profesional del
juez.
Marcel Trahan innovó
recurriendo a medidas que hasta entonces eran raramente utilizadas pero que se
convirtieron posteriormente, en norma: en particular, el recurso a los
“trabajos comunitarios” que él prefería llamar “reparación simbólica”. También
se hizo conocer por la utilización de ciertos métodos muy poco convencionales.
Contaba él mismo, que un día ¡le propuso a un joven que se había fugado, “hacer
un pulso” con él para encontrar una solución a ese asunto!
Marcel Trahan participó
activamente en la consulta sobre la adopción de la Ley para la protección de la
juventud y la Ley para los jóvenes infractores. Conferencista muy solicitado,
abogó sin descanso a favor del respeto a la dignidad del joven delincuente. Fue
así, como durante el desarrollo de una conferencia sobre la Ley para los
jóvenes delincuentes, le hizo notar a los participantes, que él hubiera preferido
que se hablara del joven “autor” en lugar del “culpable” de homicidio. En este
caso, solo se trataba de un ejemplo sobre su manera humanista de abordar las
personas y las situaciones. Es también una forma de ilustrar la manera en que
él siempre practicó lo que predicaba, ya que para él, “tan necesariamente como
él pan, el hombre tiene necesidad de dignidad”.
Preocupado por crear
puentes entre los jueces para menores canadienses y los jueces de otros países,
especialmente de Europa, Marcel Trahan siempre participó activamente en los
trabajos de la AIMJ. Le propuso a la Asociación de celebrar uno de sus
congresos por fuera de Europa y de nuevo, poniendo en práctica lo que
predicaba, él organizó el congreso de 1978, en Montreal.
Miembro activo de la Sociedad
del Quebec de criminología, él asumió su presidencia de 1975 à 1979. Fue
nombrado miembro del Consejo superior de educación donde tuvo asiento hasta
1983.
Siempre creyó en el
principio “mens sana in corpore sano”,
y fue durante algunos años el entrenador de los equipos de hockey de sus hijos.
La jubilación
Marcel Trahan se retiró
en 1984, a la edad de 70 años, porque la Ley sobre los tribunales judiciales
prevé que un juez no puede ejercer estas funciones después de esta edad.
Continuó ocupándose de
Boscoville, la Ciudad de las Praderas y de la Fundación del Quebec para jóvenes
infractores.
Orgulloso de sus raíces
del Canadá francés, también lo era de sus orígenes de la provincia de Acadia.
Fundó la congregación de los Trahan de América en Agosto de 1986 para marcar
los 350 años de la llegada de Guillaume Trahan a Port-Royal, en Acadia.
Organizó una reunión que congregó cerca de 800 descendientes de Guillaume, en
Louiseville (Quebec). En esta oportunidad sus talentos para motivar y reunir le
permitieron suscitar entre todos los participantes (venidos de los cuatro
rincones de América incluyendo la Louisiana, lo mismo que de Francia), un
extraordinario sentimiento de pertenencia y de orgullo. Durante doce años
publicó “La Trahannière”. Allí se encuentran los resultados de sus
investigaciones genealógicas, lo mismo que artículos que él le solicitaba a los
Trahan donde narraban particularidades de su historia, recortes de prensa
recopilados, gracias a la red que él mantenía escribiendo a los unos, llamando
por teléfono a los otros, participando en reuniones de familia, donde según su
costumbre, él imponía el buen humor y dejaba su marca.
El retiro le permitió
consagrar, más que antes, tiempo para la lectura, entre otras, la de los poetas
que él afeccionaba particularmente. Con frecuencia recitaba de memoria poemas
de autores canadienses lo mismo que a la gloria de la Acadia y de los
acadienses. Los y las que participaron al congreso de la AIMJF en Ginebra en
1970, se acordarán de su potente voz declamando un poema de Robert Choquette a
bordo de un barco navegando, por el lago Léman, hacia el castillo de Chillon.
Su última salida lírica tuvo lugar el día del lanzamiento de su biografía,
cuando recitó varios versos de “Hecatombe” de Adolphe Poisson (sobre la
deportación de los acadienses).
El peso de los años
comenzó a hacerse sentir. Poco a poco su salud y sus fuerzas bajaron. En agosto
de 2004, su querida esposa, Emélie Bourbonnière, falleció. La había conocido en
1943 en una reunión del Instituto familiar. Trabajadora social y mujer de
acción, ella compartía sus valores. Supo, a través de los años, apoyarlo,
animarlo y sostenerlo. Fue muy activa dentro de numerosas asociaciones: la
Asociación de las mujeres diplomadas de las Universidades, el “Montreal Council
of Women”, el YWCA, la Comisión Canadiense de la UNESCO, las Semanas
canadienses de educación etc. El perdió una compañera de su vida, una amiga,
una cómplice.
Marcel y Émélie Trahan
tuvieron tres hijos, Anne-Marie, juez en la Corte Superior de Quebec, Étienne
fallecido en 1996 y Dominique, abogado, director de la Oficina de la Juventud
de la Ayuda Jurídica
Preparado por Anne-Marie Trahan
Con la ayuda de Hugo Koulenovitch
* * * * *
Aquí se termina la
biografía. Desde entonces, el 18 de febrero de 2006, Marcel Trahan nos dejó y
fue a reunirse con su querida Emélie.
La biografía que he
intentado resumir más arriba habla del hombre público. Quisiera decir unas
palabras sobre el hombre privado: del padre y el mentor que él fue para mí.
Su madre falleció cuando
él solo tenía nueve años. Su padre lo pone entonces en el Jardín de infancia de
Montreal. Se encuentra lejos de su familia y no recibe ninguna visita. Tampoco
puede salir los fines de semana. Afortunadamente la directora, una religiosa de
la Providencia, es una amiga de su padre y se ocupa cuidadosamente de él. Este
episodio de su vida, le marcó profundamente y por lo tanto él fue un padre
atento que estuvo muy presente, no obstante su carga de trabajo y todas sus
otras actividades.
Ahora que yo soy Juez y
que me ocupo de asuntos de familia, yo me doy cuenta mucho más que antes de la
suerte que tuve de tener un padre tan presente. Como lo digo con frecuencia a
los padres que comparecen ante mí, es la interacción padre hijo, que permite a
éste último tener confianza en él, abrirse sobre el mundo y descubrirlo física
e intelectualmente. Fue mi padre quien me enseñó a caminar. Fue viéndolo
devorarse los libros y los periódicos que yo me interesé en la lectura y en la
actualidad. Acompañándolo a las reuniones y a las fiestas que él organizaba
para los jóvenes en dificultad y durante sus visitas a las casas de educación,
yo aprendí a compartir y a estar orgulloso de aquél que los jóvenes llamaban
“mi juez”. Viéndolo actuar y dar lo mejor de sí mismo, me hice consciente que
por el hecho de haber recibido tanto, yo debía dar mucho y compartir.
En 1975, el debate de
actualidad eran los malos tratos en contra de los niños. Él presidía la
Sociedad de criminología; yo, la Asociación de mujeres diplomadas de las
universidades. Organizamos un coloquio conjuntamente sobre ese tema. Él invitó
al ministro de justicia, Jérôme Choquette. Esto produjo el cambio: algunos meses
más tarde, el ministro presentaba un proyecto de ley sobre los niños
maltratados: la brecha se había abierto. Conocemos lo que aconteció luego. Esta
experiencia poco común me mostró el poder del compromiso.
Le vi presidir
audiencias con serenidad, bondad y empatía. Era por lo tanto natural que yo
hiciera la misma cosa. Cuantas veces me oigo decir a los ajusticiados las
mismas cosas que él me decía cuando yo era joven para recordarme el orden o
entusiasmarme a estudiar duro. Fue también viéndole actuar que yo me di cuenta
que la justicia es no solamente poder sino también servicio.
Para terminar, les dejo
con algunas citaciones que lo inspiraban:
“El papel del magistrado
es el de confundir en un mismo pensamiento el amor al Derecho y a la Justicia.
Para hacerlo bien, es necesario mirar hacia la cima y atraer a los demás con
uno hacia lo alto…”
(Arthur Trahan, j.c.s.)
“El niño, sobre el
difícil camino de los hombres, será siempre el más noble motivo de luchar y de
esperar”.
(Comte D’Archault)
“El mundo no es nada al
lado de lo que hay de único en un rostro humano, en un destino humano”.
Anne-Marie Trahan
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE
MAGISTRADOS
DE LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA
XVII CONGRESO MUNDIAL
BELFAST
IRLANDA DEL NORTE
DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006
LA JUSTICIA CORRECTA
REUNIENDO LAS PIEZAS
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL
Plena Inscripción
(Cena del Congreso incluida) £575 + IVA
Inscripción para 3
días: £400 + IVA (Cena del Congreso
no incluida)
1 día: £200 + IVA (Cena del Congreso no incluida)
Para mayor información véase los sitios
Internet:
www.youthandfamily2006.com
www.judgesandmagistrates.org
EL XVII CONGRESO MUNDIAL DE LA AIMJF
LA
RECTA JUSTICIA: REUNIENDO LAS PIEZAS
La justicia se realiza más eficazmente por la puesta en práctica de
diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos del niño. El
temario hace énfasis en los derechos del niño y considera el progreso hecho en
lo atinente a la aplicación práctica de las teorías. Subraya el papel
primordial de la profesión judicial, no sólo para garantizar la justicia, sino
también para hacer avanzar los derechos del niño.
El tema servirá para examinar hasta qué punto los derechos del niño están
protegidos y/o promovidos por los instrumentos internacionales.
La AIMJF reúne a miembros de más de 80 países y de todos los continentes.
Dichos instrumentos son los únicos instrumentos jurídicos que todos tienen en
común. El Congreso ofrecerá un foro único para permitir a los miembros
intercambiar puntos de vista sobre la pertinencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que influyen en su
trabajo. Las discusiones estimularán reflexiones individuales y formarán una
motivación interesante para la aplicación de estos instrumentos. El Congreso es
una ocasión para la AIMJF de hacer una contribución importante a la
globalización de perspectivas respecto a los derechos del niño.
Los conferencistas serán invitados a reflexionar de manera crítica sobre la
manera en que los derechos del niño son percibidos, implementados y
monitoreados en sus países respectivos, así como la medida en que la práctica
nacional se esfuerza por satisfacer las exigencias de las normas
internacionales, o no consigue hacerlo. Se destacará las consecuencias de la
no-aplicación, e incluso la violación, de estas normas.
Es probable que la puesta en práctica de los derechos se efectúe de maneras
diferentes con arreglo a la tradición jurídica de cada país, sus recursos
sociales y económicos, o la carencia de recursos, su cultura y sus tradiciones,
etc. Los conferencistas serán invitados a reflexionar sobre las cuestiones
subyacentes de política sustancial, particularmente la necesidad de ayudar
económicamente a los países en vías de desarrollo. Tomarán en consideración los
aspectos legales de los derechos en cuestión y explorarán los valores
pertinentes y el concepto de infancia y justicia en la base de los derechos
enumerados en los instrumentos.
Las sesiones lingüísticas y los talleres serán organizados según las
categorías de derechos y/o las categorías de intervenciones o de procedimientos
donde los derechos en cuestión son aplicables. Las sesiones comenzarán con
presentaciones breves por parte de los representantes de países o continentes
diferentes, lo que se podría considerar como representaciones de las tendencias
principales, con la intención de estimular las reflexiones y discusiones deseables.
Con el fin de tomar en cuenta las distinciones necesarias entre los niños
en conflicto con la ley y los niños que necesitan cuidado y protección, los
delegados serán invitados a examinar los diversos derechos y reflexionar sobre
su aplicación (igual o diferente) en varios casos.
De la misma manera, los delegados serán invitados a considerar la necesidad
de un enfoque global, en la justicia de la familia y la juventud, y como esta
reflejada en la práctica. ¿Hasta qué punto la profesión judicial, así como
todos los profesionales que trabajan en colaboración con los tribunales para
apoyarlos, consiguen reparar la situación?
Los derechos tienen tendencia a evolucionar gradualmente a lo largo del
tiempo, según cambian los valores y conceptos. Los delegados tendrán la
posibilidad de considerar la pertinencia de los instrumentos, así como
cualquier necesidad eventual de poner al día ciertos instrumentos, posiblemente
todos.
La traducción simultánea estará disponible en cada uno de nuestros tres
idiomas oficiales – inglés, francés y castellano - durante todas las sesiones
plenarias.
Entre los cientos de
delegados procedentes de todo el mundo, se incluirán representantes superiores
del sistema judicial y de todas las profesiones cuyo trabajo apoya a los
tribunales en las cuestiones de justicia relacionadas con niños, familias y
jóvenes.
Éste será un
congreso internacional de gran importancia que adoptará un planteamiento tanto
internacional como multidisciplinario de los niños a nivel mundial, y cuyo
cometido será producir unos resultados duraderos a través del globo.
El propósito del
Congreso será promover internacionalmente nuevas iniciativas para la protección
de los derechos de los niños y el progreso de la justicia juvenil.
El objetivo primario
del Congreso será establecer un conjunto de recomendaciones que sirvan de
inspiración para los creadores
de políticas,
profesionales y jueces de todo el mundo, en la formulación, desarrollo y aplicación
de justicia para la juventud y la familia.
Se considerarán
cuestiones relacionadas con la administración de justicia, en la medida en que
afecta a las principales influencias ejercidas sobre los niños y los jóvenes,
es decir, la justicia para la juventud, familia, comunidad y sociedad.
Dichas cuestiones se
tratarán dentro del contexto de un conjunto de temas que reflejan los derechos
englobados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
así como en otros instrumentos internacionales oportunos.
El desarrollo de la
justicia juvenil dentro de un contexto mundial será un ingrediente clave de
nuestras discusiones.
Ponentes
Los ponentes serán
personas procedentes de todo el mundo y representarán toda una gama de
nacionalidades y culturas.
Audiencia objetivo
Nuestra audiencia
objetivo incluye jueces, magistrados, psiquiatras, educadores, profesionales de
la ley, científicos sociales, policía, académicos y representantes de
departamentos gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, grupos
comunitarios y agencias de bienestar social.
Idioma
Se ofrecerá
traducción simultánea en francés, español e inglés.
Comité organizador
El Comité Organizador del Congreso está presidido por el
Honorable Mr Justice Gillen - el Juez Superior de Familia de Irlanda del Norte,
y está compuesto por representantes de las principales agencias que apoyan el
Congreso:
Northern Ireland
Court Service
Northern Ireland
Office
Public Prosecutions
Service
Police Service of
Northern Ireland
Probation Service of
Northern Ireland
Social Services
Inspectorate
Oficina del Primer
Ministro y del Diputado del Primer Ministro
Solicitud de
Trabajos
El plazo
fijado para el envío de trabajos ahora ha pasado.
La Asamblea General
La Asamblea General tendrá lugar jueves,
31 de agosto, a las 17:30.
Premio Veillard-Cybulski.
El Premio
Veillard-Cybulski será presentado
viernes, 01 de septiembre de 2006, a las 11:30.
Sitio Web del Congreso: The Scientific
Committee has made a general Call for papers. Papers must be submitted by
October 28, 2005. Papers MUST follow a set format and MUST be submitted on-line
to the address given on the website.
Véase el
sitio Web del Congreso.
www.youthandfamily2006.com
Además de presentar trabajos, los delegados podrán
igualmente inscribirse, elegir talleres, y reservar alojamientos y visitas
turísticas antes del Congreso o después del mismo.
Para más
información, o se Ud. encuentra dificultades, contacte con:
Gerry McLaughlin
Head of
World Congress Secretariat
Northern
Ireland Court Service
t. +44 28 9041 2270 / +44 28 9041 2267
f. +44 28 9023 8506
Email: wcongress@courtsni.gov.uk
Philippa Spiller
Professional
Congress Organiser
The Ovation
Group
t. +44 28 9042 4215
f. +44 28 9042 4216
Email: Philippa.spiller@ovation-ni.com
www.youthandfamily2006.com
ORDEN
DEL DIA
Para la
Asamblea General que tendrá lugar durante el curso del
XVII
Congreso Internacional
de
nuestra Asociación en Belfast, Irlanda
del Norte.
el Jueves 31 de Agosto de 2006 a las 17:30hs.
1. La bienvenida del Presidente
2. Actas de la Asamblea General realizada el
28 de octubre de 2002 en Melbourne, Australia
3. El informe del Presidente
4. El informe del Tesorero
5. El aumento de la cuota
6. La aprobación de los informes
7. La modificación de los estatutos
8. La elección del nuevo Consejo (o del
Comité Ejecutivo)
9. La nominación de los miembros honorarios
10. La distribución electrónica de la Crónica
11. Varios
12. La clausura
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Estimados Colegas,
El punto 12 del orden del día
considerará si deberíamos dejar de publicar copias impresas de la Crónica y
cambiar a la sola distribución electrónica. Es imprescindible comunicarnos una
dirección de correo electrónico donde Ud. podrá continuar a recibir la Crónica
en caso de que se tome la decisión de no imprimir copias impresas en el futuro.
Tenga a bien enviar una copia de su dirección email a mí
y enviar copias también a:
Nesrin Lushta < nesrinlushta@yahoo.com > y
Avril Calder < avril.calder@btinternet.com >
Willie McCarney, Presidente
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Los Artículos para la Crónica deben enviarse
directamente al:
Dr. Willie McCarney
Redactor en Jefe,
“St.Martin”, 175, Andersonstown Rd., Belfast. BT11 9EA Irlanda del Norte
Tel.: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374
E-Mail: w.mccarney@btconnect.com
Los artículos deben enviarse dactilografiados.
Se agradecerán copias en las tres lenguas oficiales
(Inglés, francés y castellano).
Como alternativa, los artículos pueden enviarse a
cualquier miembro del Comité Editorial. A continuación se mencionan los
nombres y direcciones, junto con los números telefónicos, fax y correo
electrónico, disponibles en su caso.
¡Gracias!
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Honorable
Oscar d'Amours, juge, Cour du Québec,
Chambre
de la jeunesse
Palais
de Justice,
1111, boulevard Jacques-Cartier Est,
Longueuil,(Québec)
CANADA
J4M 2J6
Téléphone:
(450) 646-4077
Email odamours@sympatico.ca
Jacob
J. van der Goes
Molenstraat
15,
4851
SG Ulvenhout,
Holanda.
Tel./Fax:
31 76 5612640
E-mail:
j.vandergoes@tip.nl
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Mónica
Vázquez Larsson,
Av.
Coronel Díaz 2333
Piso
13 “A”
(1425)
Buenos Aires
Argentina
Tel.:
(54 -11-) 48001160
Fax: (54 -11-) 48001161
E-mail:
larsson@satlink.com
Dra. Gabriela Ureta
Juez de Menores
Talavera de la Reina, calle 17, no. 656,
Las Condes 6780453
Santiago
Chile
Tel./Fax:
56-2-2125536
E-mail:
gureta@vtr.net
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Prof.
Jean Trepanier,
École
de de Criminologie,
Université
de Montréal,
C.P.
6128,
Succursale
Centre-Ville,
Montréal,
Québec,
H3C
3J7, Canadá.
Tel.:
1 514 343 7325
E-mail:
jean.trepanier.2@umontreal.ca
Dr. Atilio J. Álvarez
Defensor de Menores
Santos Dumont 2380
1426 Buenos Aires
Argentina
E-mail:
infanciayjuventud@yahoo.com.ar
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Los consejos locales también están implicados en actividades de creación de
ordenanzas en las comunidades, bienestar general y desarrollo, resolución de
conflictos tales como disputa de tierras, protección de la Constitución, y,
promoción del liderazgo y gobierno democráticos.